Sistema Nacional de Atención a Víctimas, una historia de decepción y desencanto total
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presenta su informe: “De la esperanza a la decepción: una década del sistema nacional de atención a víctimas”.
De la esperanza a la decepción: una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó el informe “De la esperanza a la decepción: una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”, donde se analizó toda la información sobre el funcionamiento del sistema en los últimos 10 años.
En el espacio de Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, la subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, María Luisa Aguilar, puntualizó que se encontraron con una historia de mucha decepción y desencanto total de las víctimas con las instituciones, así como un olvido por parte de las autoridades de los diversos niveles para crear una política que le dé una respuesta a las víctimas, en un contexto donde todos los días hay un incremento en los eventos de violencia y violaciones graves a los Derechos Humanos.
En lugar de contar con instituciones que puedan apoyar a las víctimas del país, dijo la activista, lo que vemos es el abandono de una iniciativa que había sido creada por las propias víctimas.
“Son muy buenos en el papel, pero lamentablemente la implementación ha sido deficiente y sobre todo con muy poca voluntad política de las diversas administraciones”.
— María Luisa Aguilar
El Centro ProDH presenta una serie de propuestas, abiertas a la discusión, entre las que se encuentra:
- Un reconocimiento de que hay una necesidad de una política pública en materia de atención a víctimas.
- Regresar a los mínimos presupuestales que se eliminaron en el 2020 cuando se deshicieron de los fideicomisos en el país.
- Fortalecer la asesoría jurídica victimal: tenemos comisiones locales que tienen 2 personas como personal.
- Establecer el mínimo de cómo deberían ser las comisiones locales, porque son muy dispares.
- Generar acciones completas que se puedan replicar desde la federación a los estados, pensando en un funcionariado que tenga la voluntad de atender a las víctimas con acciones mínimas que pueden ser homologables en distintos estados.
